Indiferencia

Aunque la sintaxis y yo siempre fuimos acérrimos enemigos; debo admitir que la lectura de algunas obras en el último curso de bachiller para preparar el examen de selectividad, me encantaron. En teatro fueron el Tragaluz, de Buero Vallejo -que muestra perfectamente la sombra de la división social entre vencedores y vencidos que se proyectó durante tantísimos años en la sociedad española- y “Luces de Bohemia” de Valle Inclán, que nos acerca a la atormentada vida de un poeta acabado: Max Estrella.

¿A qué diablos viene esto? Veréis: Hoy me he sentido un poco Max –aunque ni me considero escritor, ni creo estar acabado por el momento-. El caso es que en esta obra, Valle, intenta hacer un paralelismo entre la odisea de su personaje por los escenarios más lúgubres de la  noche madrileña y el descenso a los infiernos de Dante en la Divina Comedia. Max, a lo largo de 23 horas y media va tomando conciencia, entre otras cosas, de la corrupción política y de lo alejado de la realidad que está el mundo en el que vive.

Aunque no es por presumir, ni me gustaría que me tachaseis de presuntuoso, a mi me han sobrado veintitrés largas para llegar a la misma conclusión que el protagonistas de la obra de Valle. Me ha sobrado, en esta ocasión para mi particular bajada a los infiernos, con tomar un periódico de clave autonómica y leer una entrevista al penta-consejero del Gobierno aragonés –cinco legislaturas una detrás de otra en el Ejecutivo autonómico y con fuerza para más según amenaza- líder y propietario al parecer – y “propietario” del Partido aragonés -“Mi único error es haberlo hecho (yo) del PAR, dice de su díscolo alcalde en Teruel- José ángel Biel. El abuso de la primera persona del singular a lo largo de las dos hojas de entrevista, ponen de manifiesto un carácter algo ególatra de un susodicho que se califica “no como autoritario, sino como mandón” y que se niega a celebrar un congreso en “su”  partido porque lo piden “cuatro personajillos de medio pelo”.

Aunque el nivel de la política nacional es también bastante bajo –prima el descalificativo fácil y sin fundamento que causa efecto entre un público cada vez más simplón, así como el defender una postura e inmediatamente después la contraria si con ello desgastamos al adversario: ¿nos hemos olvidado ya de que se rompía España con el Estatut hace dos meses?¿Cómo se compatibiliza un video de propaganda electoral en el que se fantasea con cazar inmigrantes y el rasgarse las vestiduras por las violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara?- el descenso al inframundo de la política autonómica es devastador.

Frente a las teóricas ventajas que conlleva la descentralización del poder político en abstracto, su materialización ha ido fraguando una auténtica oligarquía, unos “personajillos” –por utilizar nomenclatura del Vicepresidente- que han constituido bajo el amparo de la Ley una serie de órganos y entidades cuya efectividad para servir con objetividad al interés general es, cuando menos, discutible, y que les permiten mantener a su alrededor a unos súbditos que les bailan el agua y les regalan el voto. La descentralización vertical del poder ha dejado de ser una garantía a favor del ciudadano para convertirse en un nicho de corrupción y una losa sobre su espalda.

Prueba de ello son las 32 Comarcas que tenemos en Aragón impulsadas por el PAR –aunque queda Zaragoza por constituirse como tal-. Su creación quiere justificarse atendiendo a las deficiencias del modelo, muy extendido en Aragón atendiendo a la dispersión de su población, de mancomunidad –varios municipios se agrupan para llevar a cabo la prestación de servicios de alto coste económico o para la ejecución de obras de elevada complejidad técnica: por ejemplo, la recogida de basuras para varios pueblos pequeños-. Ciertamente este sistema plantea una serie de problemas; pues siempre será posible el abandono de la mancomunidad por parte del municipio más importante y queda la configuración de la misma en todo caso a la discrecionalidad de los municipios.

La Comarca, cierto es, se crea por una Ley de las Cortes –que requiere, a pesar de todo, el consentimiento del Municipio- pero merece en todo caso la pena pararse a pensar dos veces sobre el carácter imprescindible de unas comarcas que destinan la mayor parte de su presupuesto a la partida de “Personal”. En muchas de ellas, en pocos años, habrá más administradores que administrados –que huelga decir aquí quien los habrá colocado y cuál será el sentido de su voto-

No queremos por ello, faltaría más, hacer desde aquí una crítica destructiva –como otros hacen- contra el Estado y su Administración como proveedora de servicios públicos. Las funciones prestacionales llevadas a cabo por el Estado social –que como tal se define España en el primero de los artículos de nuestra Constitución- son imprescindibles como forma de redistribuir la riqueza en términos de equidad y asegurar un nivel de vida lo más semejante posible para todos sus ciudadanos.

Pero coincidiremos todos en que una cosa es la necesaria y loable prestación de servicios públicos como la sanidad o la educación y otra diferente la creación descontrolada de órganos de discutible utilidad que sirvan de madriguera a partidarios y protegidos de la clase dirigente: Precisamente porque se opone flagrantemente al concepto social de Estado del que venimos hablando y cuyo mayor logro es, precisamente, que la Nación y los beneficios derivados de su pertenencia a ella dejen de estar en manos de cuatro y pasen a formar parte del patrimonio de toda la ciudadanía.

El presidente –y propietario- del PAR es, no obstante, un delantero excepcional para alcanzar la inmortalidad política y la perpetuación en un poder que, por definición, corrompe. Como comienza a olerse la debacle socialista en mayo, ha comenzado desde hace unas semanas a tirar el desmarque. “El PSOE no cree en el Estatuto”.

Si por ello entendemos la negativa de los socialistas a dotar de mayor peso político a la Comarca –erre que erre con la comarca- en detrimento de la Provincia, baste decir que ésta queda constitucionalmente garantizada y que, por ende, su modificación sólo corresponde a las Cortes Generales –de lo contrario sería, por lógica, inconstitucional-.

En todo caso, debemos admitir que es listo Biel; pues parece difícil una nueva victoria socialista atendiendo a que su electorado puede que comience a comprender lo duro y decepcionante que es otorgar el voto a un partido esperando una política social y encontrándose con la posibilidad de que por cuarta vez se prefiera, aun habiendo posibilidades de gobernar con partidos más próximos ideológicamente en teoría, un pacto con otro que, independientemente de cómo se autodenomine, ostenta el estandarte del regionalismo más cutre y del caciquismo más cerril. Dedicándose a acometer los dos juntos de la mano durante la legislatura megalómanos proyectos –antecedentes no faltan: Gran Scala, Plaza líneas aéreas…- sobre los que planea la deleznable sospecha de objetivos especulativos y en cuya realización parece desdibujarse la frontera entre dos intereses que deberían permanecer meridianamente separados: el público y el privado.

Aunque advierte en la entrevista que puede acabar en la oposición al recordar el apoyo de los populares al trasvase –de momento no hay que mojarse por nadie-, raro será que no asuma en los próximos cuatro años su sexta legislatura como Consejero con unos –menos probable- o con otros. Tal y como viene haciendo sin reparo desde tiempos ancestrales. En palabras suyas: “Si a mí estas cosas no se me olvidaran, no podría hablar con nadie”.

Mientras en otras Comunidades el debate político gira en torno a izquierda-derecha (Cataluña hasta ahora con el tripartito, por ejemplo) y en otras en torno al debate nacionalista (Euskadi con un Gobierno del PSOE, apoyado por el PP que tiene en frente al PNV) en Aragón el debate, directamente, no gira. O mejor dicho; gira, como la Tierra lo hace conforme al Sol, alrededor del dirigente del PAR. Ahí está Biel desde el pleistoceno y de ahí no le saca nadie.

Luces de bohemia finaliza con la muerte de Max al alba, en la puerta de su casa, después de su aventura por el Madrid nocturno. Poco antes de fallecer, parece que Max recupera la visión –una metáfora magnifica de cómo la toma de conciencia de la realidad le hace abandonar la bruma de la bohemia en la que vivía-. Lo más probable es que, de no haber fallecido, Max se hubiese sacado los ojos para volver a su mundo de ensueño ante el rechazo que le había provocado el real. De hecho, no sería tan extraño, pues es en cierto modo lo que hacemos todos nosotros cada mañana.

Cualquier sección de un periódico recoge a diario varias noticias que deberían producirnos arcadas. Pero paradójicamente, su acumulación sucesiva, en lugar de movernos a exigir una clase política menos aprovechada y con más cordura, nos va sumiendo en la indiferencia más profunda. Provocando paulatinamente un círculo vicioso de alejamiento entre dirigentes y ciudadanos que va socavando poco a poco la legitimidad del sistema democrático a largo plazo.

Dicho círculo debe ser roto por algún punto. Una clase política mejor valorada provocaría a su vez un mayor acercamiento e interés de la ciudadanía por el espacio público. Desde la otra perspectiva, una ciudadanía más crítica con los escándalos de corrupción debería llevar a un incremento de la calidad de la clase dirigente.

No parece tener esta última ninguna intención de cambiar las cosas. Es más: demuestra día a día justamente lo contrario. Nos corresponde a la ciudadanía tomar cartas en el asunto. Y a ello deberíamos ponernos cuanto antes.

badenpermanente@gmx.es

Antídoto

Engreídos y chupópteros. Eso es lo que son. ¿Quiénes? Pues quienes van a ser. Hay que ser lerdo para dudar en la respuesta. Esa jauría de lobos hambrientos que nos chupan la sangre y se aprovechan del trabajo de nuestra población, de nuestras instalaciones y nuestros recursos. Aquellos que, desde los órganos centrales de gobierno, situados al oeste de esta colectividad con ansias de libertad, elaboran políticas arbitrarias, ningunean nuestra cultura y ensalzan la homogeneización del pensamiento ante la pluralidad y diversidad que nos caracteriza a los del Este.

¿Cómo?¿Que si acabo de aludir en el párrafo anterior a los territorios catalanes del Este de Madrid? Demuestras una mente provinciana al preguntarte esto. Estoy haciendo referencia a una cuestión que se debate en un ámbito territorial mucho más pequeño pero cuya trascendencia política alcanza cotas tan elevadas, contiene agravios tan despiadados e infamias tan desalmadas, que merecen ser puestos de manifiesto en esta entrada para que la humanidad tome conciencia del desprecio y abuso sistemático que vivimos los nobles habitantes de los portales cincuenta y nueve y sesenta y uno de este conjunto residencial.

Desde la conformación de la Comunidad, hace ya casi veinte años –un quinto de siglo, ahí es nada- la máxima institución comunitaria, la Presidencia ejercida con carácter rotatorio por periodo de un año, ha sido ocupada, constante e ininterrumpidamente, por los tozudos vecinos de los portales del Este, el Dieciocho y el Veinte, desde donde se nos refrota silenciosa pero constantemente a los cincuenta-y-nueve-cistas y sesenta-y-un-cistas, los cuatro pisos por planta –cuantitativamente más grandes-  de los que disfrutan frente a los tres nuestros, su mayor proximidad a las instalaciones de piscina así como vistas desde los balcones a las mismas, control absoluto sobre la entrada al garaje, mayor amplitud de los ascensores, cercanía a los baños comunitarios y al sistema de suministro de agua –La Fuente-.

Y sin embargo, nuestro sentimiento de Comunidad, de comunidad cincuenta-y-nueve-cista y sesenta-y-un-cista, es infinitamente superior. Somos, por qué no decirlo, una Nación –con mayúscula, minúscula o como se quiera- ¿Quién si no tiene las ventanas de los baños cuadradas frente a la excentricidad de las aperturas redondas? ¿Quién, insisto, tiene baldas doradas en las galerías para tapar la ropa colgada frente a las amarillas descoloridas de los, por ejemplo, dieciochocistas? Nuestra estructura territorial también es diferente con tres puertas por rellano en vez de dos por rellano y dos rellanos por piso. Nuestro servicio de basuras y caldera funciona al margen de la Administración central de la comunidad. Son nuestros los bloques de mayor altura, con trece pisos frente a doce, y son nuestras ventanas y balcones las que se encuentran colgadas sobre una majestuosa Avenida en lugar de sobre una vulgar Calle.

Nuestra es la Pista de Baloncesto que marca frontera entre el Este y el Oeste –que estos bastardos se siguen creyendo  con derecho a utilizar alegando la anterior edificación de sus bloques-. No nos vamos a dejar humillar. No podemos olvidar el pasado. La grúas que levantaron nuestros pisos se asentaron en lo que hoy en día es la mencionada Pista de Baloncesto;  por lo que nunca hubo aprovechamiento anterior y exclusivo por su parte. La Pista fue siempre nuestra y, como tal, la reclamamos. También nos pertenece, por motivos de ubicación física, la salida del garaje de la comunidad. Dado que a los opresores del Oeste continúan conservando la de entrada, estamos dispuestos a llegar a un pacto en igualdad de condiciones siempre y cuando se reconozca por escrito y de forma expresa que la titularidad de la Puerta de Salida es nuestra y sólo nuestra. Siendo la utilización de la misma lo que permitimos a modo compartido.

En el ámbito económico los agravios continúan. Con una mayor población por metro cuadrado, nuestros bloques contribuyen en mayor medida al presupuesto comunitario. Pero los recursos invertidos en nuestro País son mínimos y despreciables en comparación con los fuertes gastos e inversiones realizados al Este de la Pista de Baloncesto.

Sin embargo, y a pesar de lo hasta aquí dicho –que es mucho y grave- nunca se nos dio la posibilidad de decidir. Quedamos inmersos desde un principio en un sistema comunitario en el que los Presidentes de nuestros bloques se ven obligados a asistir en condiciones de igualdad con el resto de los Presidentes de los demás bloques de la Comunidad; quedando dirigida en todo caso la reunión por el Presidente Común. Siempre del Dieciocho o del Veinte. Amparándose para justificarlo en el carácter rotativo del cargo; pero conociendo perfectamente que transcurrirán años, si no siglos, hasta que un vecino Cincuenta-y-nueve-cista alcanzase la presidencia común.

Jamás se ha reconocido nuestra singularidad; nuestra identidad propia. Nunca se  nos ha preguntado qué es lo que queríamos ni cuál era nuestra voluntad. Por un Este libre: Independencia.

Un primer antídoto para abrir boca y hacer estómago ante la cercanía del proceso electoral autonómico de noviembre en Cataluña y de mayo en la mayoría de Comunidades Autónomas.

A partir de aquí, unos y otros, españolistas y anti-españolistas, catalanistas y anti-catalanistas, castellano-manchegos y anti-castellano-manchegos, dan el pistoletazo de salida a una carrera que gana, no ya el que llega antes a su destino, sino el que pone su meta más lejos, teniendo que pasar por el populismo más chabacano, los insultos más zafios y las bajezas morales más ruines para alcanzarla. Bienvenidos a la carrera del absurdo.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Huelga general.

La huelga general celebrada el 29 del pasado mes  pretendía poner de manifiesto la oposición popular a  tres decisiones políticas tomadas en los últimos meses: La reforma laboral y del sistema de pensiones –adoptados por Real Decreto tras la crisis del euro de mayo- y los recortes en el gasto público que han afectado con mayor o menor incidencia a diferentes partidas del presupuesto.

A pesar de que existieron determinados sectores en los que el seguimiento fue cuantitativamente superior a la media –el automóvil, por ejemplo-; lo cierto es que en muchos otros la adscripción a la misma fue considerablemente escaso –hostelería, comercio o Administración-. Por ello, el éxito incuestionable puesto de manifiesto desde los aparatos sindicales debe ser, cuando menos, puesto en entredicho –pues es probable que en sociedades donde la importancia del sector industrial decae paulatinamente, la repercusión y seguimiento de la huelga general como medio de presión al Ejecutivo, se diluye a la misma velocidad-.

La huelga quedó convocada antes del verano; tras la aprobación del Real Decreto por parte del Ejecutivo en los días posteriores a la conocida como crisis del euro allá por el primaveral mes de mayo. Si nuestro objetivo, como se da el caso, es realizar una breve reflexión sobre lo acaecido el pasado día 29, conviene comenzar por preguntarnos el por qué de estas medidas.

Podemos comenzar diciendo –lo leí hace unos meses y me pareció una buena forma de explicarlo- que en la Unión Económica y Monetaria, la “e” de económica es minúscula. Es decir; estaríamos hablando de “UeM”. Mientras las cuestiones puramente monetarias son fijadas a nivel europeo por el BCE; las competencias sobre una normativa de componente más económico continua en manos de unos Estados recelosos de transferirlas a Bruselas.

Por tanto, la emisión de deuda soberana sigue estando en manos de los gobiernos nacionales de cada Estado; pero dicha deuda está valorada en una divisa que comparten otros dieciséis. La propagación a los demás de las decisiones tomadas por uno es evidente. Desde Bruselas, por ello, se exigieron una serie de medidas a aquellos Estados que más dudas suscitaban a los temidos mercados, España entre ellos, y de ahí las medidas gubernamentales de la que venimos hablando y que han dado lugar a la séptima huelga general de nuestra democracia.

Las medidas sindicales propuestas contra el recorte presupuestario pasaban por la fiscalidad. Es decir, que a través del sistema tributario pagasen más quienes más tuviesen. Ciertamente un incremento de la recaudación vía impuestos permite aumentar las prestaciones sociales. Sin embargo parece correcto hacer ciertas matizaciones.

En primer lugar, España, a nivel de progresividad se encuentra a la par con otros países europeos. Por tanto, una mayor recaudación debería llevarse a cabo no tanto a través de la progresividad sino de la presión fiscal –Mientras en España la presión fiscal es del 30% en Suecia, el nuevo gobierno conservador, pretende “reducirla” a más del 40%-.

Sin embargo, si aumentamos  en estos momentos la presión fiscal –medida más que deseable en el largo plazo cuando la economía se haya recuperado- se reduce la capacidad de compra del grueso de la población; lo que a su vez da lugar a la reducción de la producción, del empleo, de nuevo de la capacidad de gasto y de la recaudación… entrando en un círculo vicioso de difícil salida.

Dos formas de incrementar los ingresos pasarían, sin embargo, por atajar la economía sumergida, que algunas encuestas elevan a nada más y nada menos que el 25% del PIB (misión más que complicada ante la proliferación de la “picaresca” que dicen nos caracteriza, de la que nos enorgullecemos y tanto nos perjudica) y, tal y como ha hecho el Ejecutivo con carácter retroactivo a 24 de septiembre para evitar la fuga de capitales, reformar la normativa que permitía, debido a su forma societaria, a los cuatro gatos que se encuentran detrás de las Sicavs –Iglesia Católica incluida-, a través de reducciones y ampliaciones constantes de Capital Social, obtener jugosos beneficios sin pagar impuesto alguno.

Por tanto, eliminada la vía de los ingresos –o por lo menos, mermada considerablemente-, el déficit sólo podía reducirse por la de los gastos. Era la única forma de terminar con un segundo círculo vicioso: La desconfianza suscitada por la economía española dio lugar a un incremento rampante de la prima de riesgo a la deuda emitida. Posteriormente, para el pago de esos intereses descomunales, sería necesario de nuevo solicitar nueva financiación.

Evidentemente, como reivindicaban los sindicatos, sería positivo que el modelo de crecimiento basado en la deuda fuese sustituido por otro basado en la fiscalidad y la redistribución de la riqueza. Pero parece poco factible ponerlo en la práctica a día de hoy.

Una vez enviado el pasado 30 de septiembre el proyecto de la Ley de Presupuestos al Congreso –tal y como está constitucionalmente previsto- hemos tenido posibilidad de comprobar la dimensión del recorte y las partidas afectadas (que son todavía susceptibles de enmienda pero cumpliendo una serie de requisitos que implican la compensación de nuevos gastos con otros ingresos de modo que se guarde siempre el equilibrio).

El mayor tijeretazo –al margen del anecdótico recorte de 400.000 euros de la partida asignada a la Casa del Rey- se lo lleva fomento: Un 30%. Otros, imprescindibles para el crecimiento sostenible a largo plazo como el I+D+i se reducen un 7%. Las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento son claves para la recuperación económica pues, además de ser una importante fuente de empleo –que genera sueldos y aumenta el consumo- permiten dotar al Estado de capital que aumente la productividad.

Sin olvidar lo necesario del recorte del gasto –y lo acertado de algunas medidas presupuestarias como lo son destinar 1000 millones de euros a programas formativos que traten, entre otros objetivos, de reducir el abandono escolar y mejorar el capital humano-, no podemos olvidar que, quizás, éste debería haberse centrado o haber puesto mayor énfasis en otras partidas.

Fundamentalmente, en mi opinión, a reducir el megalómano aparato administrativo con el que cuenta el Estado (Ayuntamiento, mancomunidad, Comarca (en Aragón) o Veguería (en Cataluña), Provincia, Comunidad Autónoma y Administración Central). Pues en ocasiones  uno no puede evitar preguntarse hasta qué punto las funciones de unas no podrían ser asumidas por otras y viceversa. La descentralización del poder debe tener como punto de referencia, siempre y en todo caso, el beneficio del ciudadano.

Las otras dos medidas contra las que se convocó la huelga fueron, el rechazo al incremento en la edad de jubilación y la flexibilización del mercado de trabajo. Las trataremos brevemente porque me da la impresión que me he vuelto a exceder con la extensión.

En referencia a las críticas que tienen como objeto la reforma laboral oponiéndose flagrantemente a la flexibilidad y apostando decididamente por la seguridad; debemos destacar que, como de costumbre, las posturas extremas suelen ser poco acertadas; al cerrar algunos agujeros pero dejando otros totalmente al descubierto. A la hora de abordar la reforma del mercado de trabajo, parece adecuado mirar, una vez más, a nuestros vecinos del norte: al conocido como modelo nórdico que tiene como razón de ser la combinación de ambos factores en su justa medida.

La flexibilidad, aunque no es la panacea, como tratan de hacernos ver algunos- mejora la productividad considerablemente –no hay más que ver, por ejemplo, el entusiasmo con el que algunos docentes imparten materia en determinados institutos al tener asegurado el puesto de por vida-. Sin embargo, debe ser acompañada de seguridad.

Seguridad que debería ir encaminada, por ejemplo, a una mejora de los sistemas de información entre oferentes y demandantes de mano de obra para lograr un ajuste más eficiente de ambos –poniendo en contacto a las empresas con alumnos en último curso de universidad, por ejemplo-. O, sin ir más lejos, a una mejora considerable de la calidad de los cursos formativos ligados al INEM que corresponden, entre otros, a los propios sindicatos –y de los cuales obtienen una parte importantísima de su financiación-.

Para terminar, en relación al incremento en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, huelgue decir que, conforme la esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad se reduce –dando lugar a pirámides poblacionales invertidas-  el gasto en pensiones se dispara exponencialmente. Como las pensiones recibidas por los jubilados no responden a las cotizaciones que fueron realizando durante su vida laboral, sino a la que realiza la población ocupada de hoy, en un futuro no muy lejano será necesario que cada vez una mayor parte del salario de los trabajadores se destine a cubrir los gastos del sistema de pensiones.

No obstante, no por ello podemos posicionarnos completamente a favor de la reforma. Debemos ser conscientes que el desgaste físico -y psíquico en ocasiones- que suponen determinadas actividades es infinitamente menor al de otras. No podemos comparar la docencia o las labores administrativas con la minería o el trabajo en una cadena de montaje. Por ello sería quizás más oportuno que el incremento de la vida laboral fuse ligado al sector de actividad en el que se encuentra el trabajador empleado.

En fin, que ni estamos de acuerdo con la protesta sindical, ni estamos conformes completamente con las medidas tomadas desde el Ejecutivo. Tampoco estamos, evidentemente,  posicionados en la línea de las recetas de la de la oposición -¿Las hay acaso?- Por todo esto, fundamentalmente, el miércoles no hice huelga.

Terminamos de concretar (III)

Como venimos viendo a lo largo de las dos entradas anteriores, la apertura internacional parece postularse como una auténtica solución al problema de la pobreza global. Vimos como ésta debía venir acompañada tanto de la ayuda internacional como de la condonación de una deuda de modo que se permita a los países menos desarrollados escapar de la trampa de la pobreza en la que se encuentran atrapados.

Vimos, además, como la liberalización debía centrarse en tres puntos clave –agricultura, crestas arancelarias y libre circulación de mano de obra no especializada- para que las ganancias que aporta la apertura comercial reviertan realmente sobre los países menos favorecidos en lugar de sobre los más poderosos.

¿Qué sucedería, por tanto, si decidiésemos liberalizar de golpe la totalidad del comercio?

Para responder, debemos considerar, en primer lugar, que los principios de los modelos matemáticos con los que se calculan los beneficios del comercio, parten de una ficción excesivamente alejada de la realidad ante la infinitud de peros y excepciones introducidos.

El planteamiento liberal, simplificado, sería el siguiente: Un país está cerrado al comercio y debe producir todo lo que consume. En un momento dado, abre su frontera y comienzan a llegar algunos productos extranjeros producidos de forma más barata. Las fábricas que producen este bien dentro de nuestro país se ven obligados a cerrar pero sus trabajadores pasan rápidamente a producir otra serie de productos en los que este país es más eficiente –tiene ventaja comparativa, diría un economista-. De modo que, en nuestro país los bienes que ahora importan –y antes producía- se ven rebajados y los que exporta son más baratos para el resto del mundo –sólo se dedica a aquello que hace mejor- y; por tanto, todo el mundo gana.

Sin embargo, en los países en desarrollo –y en más de un desarrollado hoy en día-, no se cumplen una serie de requisitos presupuestos pues, ni existe pleno empleo ni la versatilidad del capital humano para reciclarse es tan elevada como se considera. Si a esto le sumamos la ausencia de redes sociales de protección –seguro de desempleo- nos encontramos con un  auténtico drama humano.

Por ello una liberalización total e inmediata no lleva a ninguna parte. Es necesario dar tiempo para que la reestructuración se produzca poco a poco, posibilitar la creación de una industria sólida en los países pobres y ayudar económicamente para mejorar la formación y los seguros de desempleo que mitiguen el sufrimiento de los trabajadores de aquellos sectores que salgan más perjudicados.

¿Y qué sucede cuando un país produce de forma más competitiva como consecuencia de una regulación laxa en manera medioambiental o laboral?, ¿Cabe la posibilidad de que nos inunden los productos chinos y que en occidente no se produzca nada?

En relación a la primera pregunta, Stiglitz se muestra completamente favorable –mientras era contrario en relación a la liberalización de la IED- a la inclusión de los derechos laborales y medioambientales en un pacto global; pues es la única forma de evitar una carrera de mínimos (race to the bottom) que lleve a adoptar a los países en desarrollo legislaciones más suaves para captar una mayor inversión.

La liberalización comercial no puede suponer un incentivo a la violación de un modo sistemático y flagrante de los Derechos Humanos y no puede, ni mucho menos, suponer una subvención indirecta –contraria a la apertura, por tanto- a aquellas empresas que reducen sus costes a través de la utilización de unos procesos productivos más contaminantes y que no internalizan el verdadero coste social de su actuación. Evidentemente, el problema no sólo reside en los emergentes; pues el rechazo de EEUU a la adopción del Protocolo de Kioto camina en un sentido completamente opuesto al señalado.

No podemos olvidar que los efectos del cambio climático afectarán fundamentalmente a los países más pobres del planeta; por lo que deberían estar tremendamente interesados en esta regulación. En Kenia, actualmente, lleva más de dos años sin caer una gota de agua como consecuencia del avance del desierto. Animales y hombres mueren en torno a unos pozos en los que ya no queda nada para beber.  En Bangladesh, por ejemplo, la subida del nivel del mar amenaza con dejar medio Estado anegado por las aguas.

Conforme a la segunda pregunta, a pesar de que a más de uno le dé la impresión ante la proliferación masiva de establecimientos y productos orientales, debemos responder –atendiendo a criterios económicos- de forma negativa.

El argumento, conocido como “teorema de Lerner” es sencillo: Imaginemos la posición de la empresa india de automóviles Tata, que vende sus coches a aquellos occidentales que no quieren o no pueden financiar la adquisición de un Mercedes. Tata, sin embargo, cobra en euros aunque no obvia, por otra parte, que sus trabajadores y demás factores productivos empleados en la producción deben ser remunerados en rupias. ¿De dónde puede sacar la empresa las rupias si ha cobrado en euros? Quizás un hindú de alto poder adquisitivo al que le interese comprar  el último modelo de Mercedes quiera cambiar las rupias que tiene en su abultada cartera por un fajo de billetes morados de euro con los que pagar el automóvil.

Es decir, importaciones y exportaciones se retroalimentan constantemente. No puede haber un país que sólo importe o sólo exporte. El vendedor de Tata no venderá a Europa si posteriormente ningún compatriota accede a cambiarle los euros por rupias. Y ello sólo será posible mientras exista una empresa occidental que continúe exportando. Por tanto, si occidente quiere importar productos indios, chinos o mozambiqueños, es imprescindible que continúe produciendo aquello que mejor sabe hacer.

Trataremos por último el controvertido tema de los monopolios y las patentes. Es habitual, en los países desarrollados, como forma de fomentar la investigación a nivel de empresa, que se otorgue a éstas una patente de exclusividad que les permita vender sus productos a un precio superior a su coste marginal para que obtengan de tal modo un beneficio extra con el que sufragar los costes de su investigación. Son habituales, como el lector habrá detectado, en la industria farmacéutica.

Dado que los temas morales son altamente controvertidos y es imposible adoptar un modelo fijo para resolver la totalidad de los problemas; pondremos para tratar este tema dos ejemplos con distinta solución propuestos por Tim Harford en su “El economista camuflado”.

Imaginemos que Sony va a lanzar la cuarta entrega de su mítica Play Station. Sin embargo, Sony conoce que el joven norteamericano –que no conoce otro idioma y tiene cierta tendencia a considerarse el centro del universo- está dispuesto a pagar una cantidad sustancialmente mayor que el francés. Sony decide por tanto comercializar la PS4 en el país galo en francés a un precio menor y en EEUU en inglés a uno más elevado. A pesar de que la importancia de conocer un idioma es enorme, todos coincidiremos –sobre todo si somos el joven norteamericano- en que el diferente precio es un castigo excesivo y un abuso por parte de la compañía.

Como la moral es relativa, coincidiríamos también, probablemente, en considerar beneficioso que una empresa farmacéutica vendiese a precios diferentes en occidente y en África un nuevo medicamento contra la malaria atendiendo a la distinta capacidad de gasto de los habitantes de uno y otro lugar –de modo que el occidental, a través de un precio superior, sufragase la investigación pertinente-.

La ortodoxia económica además esgrime que la empresa estaría encantada de poder cobrar a dos precios diferentes, pues en todo caso continuará incrementando sus ventas. La lucha debería centrarse para ellos en evitar que un sujeto perspicaz pudiese comprar los medicamentos en Guinea y venderlos en Londres.

Sin embargo, parece adecuado hacer una serie de matizaciones. En primer lugar, señala Stiglitz que la mayor parte de la investigación –y del coste, por tanto- es asumido por equipos de investigadores en las universidades; que ponen los cimientos teóricos básicos e imprescindibles sobre los que se realizan pequeñas aportaciones en la empresa. Sin embargo, estos investigadores no ven ni un duro –ni reconocimiento en muchas ocasiones- de los beneficios generados por el fármaco o innovación pertinente. Sería por tanto discutible hasta qué punto es correcto el actual reparto de beneficios.

Pero debemos añadir, además, el escaso incentivo que supone para la empresa privada desarrollar su investigación sobre enfermedades o problemas que sólo afectan a los países en desarrollo ¿Qué empresa desarrollará una solución novedosa a la malaria cuando la zona por la que se extiende con mayor virulencia esta enfermedad está sobre todo en el África Subsahariana?¿Qué multinacional investigará acerca de una semilla que soporte las adversas condiciones de Camerún, que alterna una prolongada estación seca con otra húmeda con intensas lluvias, si sólo podrá venderlas en ese país y a un precio muy bajo?.

Vuelve a ponerse de manifiesto que la ayuda del norte y la intervención estatal aparecen como solución para corregir los fallos del mercado allí donde aparecen. Alegan no obstante los liberales que la intervención gubernamental implica ineficiencia. Pero la economía no debería centrarse exclusivamente en la eficiencia y la maximización. (Tampoco justificamos, ni mucho menos, una economía estalinista completamente planificada; simplemente ponemos de manifiesto la necesidad de corregir los distintos, y en ocasiones más numerosos de lo deseable, fallos de mercado)

A veces parece que hemos perdido la razón y bailamos como zombis con los ojos desorbitados al son de las cifras de crecimiento del PIB o de los índices bursátiles. El PIB –los índices bursátiles no tanto, la verdad- es ciertamente un buen indicador de la economía; pero no el único. La función de la economía debería ser  proporcionar  una mejor calidad de vida al ser humano. Los niveles del sistema educativo, de atención médica o mortalidad infantil no tienen un reflejo en el PIB y sin embargo, en nuestra opinión, el crecimiento económico debería estar constantemente orientado hacia ellos. En muchas ocasiones un consumo desmedido de bienes y servicios no implica un mayor bienestar por mucho que los modelos económicos lo consideren siempre como requisito sine qua non.

Para terminar de concretar, no podemos olvidar la fecha en la que terminamos esta trilogía. Hace unos pocos minutos que nueve años atrás cambió drásticamente la situación internacional como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre.

Para alcanzar los Objetivos del Milenio –que pretendían una erradicación de la pobreza para el año 2025- se requería un primer envío de 100.000 millones de dólares entre 2006 y 2015. Sólo en el año 2004, cuando el delirio bélico de G.W. Bush alcanzaba sus cotas más elevadas, el gasto en defensa de EEUU fue de 450.000 millones de dólares. La ayuda al desarrollo ofrecida por EEUU para ese mismo periodo fue 30 veces menor –lo que supone un 0,15% de su PNB frente al 0,7% deseable o frente al 1% que supuso el conocido como Plan Marshall-.

Por el camino las pérdidas humanas se multiplican –que puestos a ponernos cínicos pueden ser consideradas una pérdida de capital humano-. ¿No será la verdadera ineficiencia económica el militarismo desmedido? Una guerra asimétrica jamás se termina –las guerras nunca se ganan- sin el apoyo de la población civil; cuyas simpatías quedan intrínsecamente unido al aumento de su bienestar.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Seguimos concretando (II)

Seguiremos concretando, en esta nueva entrada, el modo en el que el Tercer Mundo pueda acceder a unas mayores cotas de bienestar a través de un nuevo patrón comercial que de lugar a un crecimiento económico sostenido y equilibrado a lo largo del tiempo; pues las donaciones puntuales –que, de todos modos, brillan por su ausencia- son  meros parches que no subsanan de modo alguno el fondo del problema.

Decíamos hace un par de días que la liberalización del comercio debería centrarse en agricultura –con peros-, crestas arancelarias y libre circulación de mano de obra no especializada. Sin embargo, en este punto  se nos presentan dos cuestiones. La primera nos debería llevar a preguntarnos si basta con la mera liberalización de estos tres sectores. En la segunda –last but not least- el interrogante giraría en torno a qué hacer con otros sectores claves de la economía como son los servicios financieros y la inversión extranjera directa que enlaza directamente con las grandes multinacionales y la regulación antimonopolio.

① En cuanto a la primera de ellas, comentaba V. Manrique en “Concretando (I)” si la única salida a la pobreza de cinco mil millones de personas pasaba por una liberalización comercial comedida centrada en los tres puntos señalados. La respuesta, en mi opinión, sería sí y no. Sí porque solo el comercio permite el desarrollo de sectores productivos y genera riqueza de forma sostenida a lo largo del tiempo. No porque, ciertamente, no basta con la liberalización -aunque sea matizada- sino que sería necesaria, en muchas ocasiones, una ayuda económica en forma de donaciones –no de préstamos- por parte del norte.

Aproximadamente 1300 millones de personas viven atrapadas en lo que Sachs denomina la trampa de la pobreza. Son habitantes de países como Etiopía, Camerún, Kenia, Ecuador o Guatemala en los que el crecimiento económico no es que haya sido menor que en otros países menos desarrollados sino que ha sido, directamente, negativo. Son este grupo de países los que se encuentran inmersos en una espiral de la que no podrán salir jamás si no existe una auténtica ayuda internacional.

¿Por qué se encuentran en esta situación? Las razones son varias y no en todos ellos se dan las mismas, pero podríamos decir que a grandes rasgos pasarían por: Ausencia de ahorro –se desarrolla en ellas una auténtica economía de subsistencia en la que se consume todo lo producido para lograr sobrevivir, de modo que nunca existen los recursos suficientes para emprender mejoras-, ausencia de comercio dentro del propio Estado –que permitiría la especialización y, por tanto, un aumento de la productividad-, retroceso tecnológico –Sachs nos pone el ejemplo de una familia en la que el padre, que conoce las técnicas agrícolas, fallece tempranamente sin poder transmitir esos conocimientos a los hijos- desastres medioambientales –inundaciones, terremotos, monzones debido a su situación geográfica mayoritariamente en torno al ecuador, amplios periodos de sequía…-, altas tasas de fecundidad –el número de hijos por mujer es muy elevado pues ante la ausencia de redes de protección social los hijos tienen la función de garantizar la jubilación de los padres. A su vez ello da lugar por un lado a una progresiva fragmentación de las tierras y a una menor productividad de las mismas y por otro a una reducción de la inversión en educación por hijo- falta de infraestructuras –inexistencia de carreteras, ferrocarril, tendido eléctrico… como consecuencia de una geografía tremendamente adversa (sería el caso de Kirguizistán, Bolivia o Etiopía)- o un alto endeudamiento con el norte que implica una importante salida de dinero en concepto de intereses.

Por ello una mera liberalización del comercio no lleva a ninguna parte en estos países. Es necesaria tanto la condonación de la deuda como la ayuda económica que permita el control de epidemias como la malaria o el sida y la construcción de infraestructuras que posibiliten el comercio e incrementen la productividad. Lo que a su vez dará lugar a un progresivo descenso de las tasas de fecundidad –en el polémico Irán ha descendido en 20 años desde 6,7 a 2,6 hijos por mujer y en Bangladesh en 25 de 6,6 a 3,1- y a la progresiva subsanación del problema que venimos tratando.

② La segunda de las cuestiones planteadas para esta entrega versaba sobre si deben ser liberados, o no, otros sectores de la economía como los servicios financieros y la Inversión Extranjera Directa (IED).

El argumento liberal a la hora de proceder a la liberalización de los servicios financieros, reside en que los bancos privados extranjeros –occidentales por lo general- apoyarían en los países en desarrollo tan sólo aquellos proyectos empresariales que fuesen realmente viables y ofreciesen una mayor rentabilidad. Sin embargo, esta liberalización limitaría enormemente el crédito y pisaría el cuello a la industria incipiente de los países en desarrollo –los créditos se concederían siempre a grandes empresas extranjeras- que requiere un fuerte desembolso inicial; lo que daría lugar a una especialización de estos países en el sector primario –agricultura, ganadería o materias primas-. Estos productos se caracterizan por su menor valor añadido y por la volatilidad de sus precios. Se provocaría por tanto una mayor brecha entre el mundo desarrollado y en desarrollo; siendo la convergencia un espejismo inalcanzable.

Por ello, en nuestra opinión, es positivo que los gobiernos ofrezcan créditos a través de bancos respaldados por el Estado –tal como fue el caso de los conocidos como Tigres Asiáticos, en donde unidos estos créditos a la política gubernamental de fomento de las exportaciones yendo mucho más allá del ortodoxo Consenso de Washington, han  dado lugar a un crecimiento económico brutal en los últimos años (provocando, por cierto, una reducción de la pobreza del 50 al 20 por ciento de la población)-

Por otra parte, desde los países desarrollados –o más concretamente, aquellos grupos de personas de los países desarrollados con el suficiente capital- presionan constantemente para lograr una mayor movilidad del capital –aunque rechazan frontalmente la movilidad de seres humanos- y de la seguridad de los accionistas que invierten en empresas asentadas en países en desarrollo.

Además de la consideración moral que esta contradicción nos pueda parecer, debemos señalar aquí que, desde una perspectiva meramente económica, la liberalización del movimiento de capitales contribuye muchísimo menos en términos de eficiencia global que la liberalización de movimientos de la mano de obra no cualificada. Dar mayor movilidad al capital especulativo a corto plazo (hot money) aumenta la inestabilidad financiera de los países en desarrollo lastrando un crecimiento económico estable y sostenido. En esta línea podemos destacar la crisis económica en la que quedo envuelta toda Latinoamérica en la década de los 80. Mientras otras cuestiones son susceptibles de un acuerdo internacional, la liberalización de la IED no puede imponerse por un tratado; debiendo ser cada Estado el que considere hasta que punto le merece la pena su adopción.

En este momento llevamos escritas dos hojas y aún quedan algunos interrogantes por cerrar –monopolios, patentes, derechos laborales y medioambientales…- Creo que será necesaria una tercera y última entrega para terminar de fijar estos conceptos claves de un tema de vital importancia como lo es la reducción de la pobreza.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Concretando (I)

De las tres últimas entradas que hemos escrito, en dos de ellas –“Preguntas y respuestas” de 1 de Agosto y “Cabeza contra un miedo irracional” de 28 del mismo mes- hemos hecho referencia directa al desarrollo económico de los países más pobres del planeta y lo hemos considerado como solución a algunos de los problemas de la situación política global de nuestro tiempo.

El objetivo de esta primera entrada de septiembre una vez establecido anteriormente el por qué debemos favorecer desde el norte el mencionado desarrollo es determinar de un modo más concreto cómo puede llevarse a cabo. Para evitar que se nos tache de idealistas y vendedores de humo o de crecepelo, seguiremos en nuestro desarrollo a dos grandes economistas que han centrado su investigación en estos asuntos: Jeffrey Sachs y el Nobel de economía Joseph Stiglitz –si bien es cierto que el Nobel lo recibió en 2001 por su investigación acerca de los problemas que representa para el mercado la información asimétrica- .

Tanto la ortodoxia como las posturas más críticas defendidas por los mencionados economistas coinciden en los beneficios que la liberalización del comercio internacional tiene para el crecimiento económico tanto del norte como del sur.

Sin embargo, mientras los primeros defienden una liberalización sin condiciones e inmediata –que reportaría unos tremendos beneficios al norte aumentando más que considerablemente el tramo diferencial entre los dos grupos de países-; los segundos apuestan por una liberalización progresiva, con ayudas de los países desarrollados a los en desarrollo, que dé lugar a un reparto más equitativo de los beneficios generados y reduzca la brecha abierta entre los dos grupos de países que se ha ido incrementando desde hace poco más de doscientos años pero de forma exponencial y debido a factores en buena medida puramente aleatorios.

Stiglitz, consciente de que todos países ricos de hoy en día se han valido de políticas proteccionistas hasta alcanzar el actual grado de desarrollo y de la hipocresía que supondría exigir a otros lo que nosotros mismos no hicimos, apuesta por una liberalización comercial centrada en tres puntos: Agricultura, crestas arancelarias y libre circulación de trabajadores no cualificados.

En referencia a la agricultura, el Nobel de economía pone, no obstante, algunos peros. Así, es conveniente diferenciar entre los productos tropicales –en los que los países en desarrollo son exportadores netos- y los productos templados básicos, como el cereal, en los que son importadores –compran en lugar de vender-.

En este sentido, se aboga por la supresión inmediata de las subvenciones otorgadas por el norte a sus agricultores dedicados a cultivos producidos también en países pobres, para lograr un incremento del precio de estos productos que reviertan en unos mayores ingresos a los campesinos del sur. En cuanto a las subvenciones de productos templados, la reducción debe ser paulatina. De este modo no se producirá un incremento repentino de los precios de estos cultivos básicos –que perjudicarían enormemente a las clases urbanas de los países pobres- y se permitiría, de forma progresiva y conforme el norte perdiese competitividad en este tipo de cultivos, una adaptación de las estructuras productivas de los países en desarrollo a este tipo de cultivos.

Con respecto a las crestas arancelarias, parece adecuado comenzar explicando sin excesivos formalismos en qué rayos consisten. Comenzaremos recordando la potestad que tienen los Estados para poner aranceles –impuestos- sobre los productos que entran por sus fronteras. La cresta arancelaria consiste en una treta utilizada por el norte que grava con una mayor tasa aquellos productos manufacturados que requieren una mayor elaboración para proteger la industria nacional. (Es decir, si el pimiento rojo, a granel, tiene un arancel de un 5%, el bote del pimiento en conserva, limpio y cocido se ve gravado con una tasa del 10%).

Esta estructura fiscal impide el desarrollo en los países pobres de un tejido industrial que le permita diversificar sus importaciones y se especializan en productos agrícolas de escaso valor añadido que provocan el progresivo alejamiento entre el norte y el sur. (Nosotros compramos los pimientos rojos por 0.20€ kilo y les vendemos el bote elaborado por 1€).

El último punto hace referencia a la libre circulación de la mano de obra no especializada como consecuencia de desempleo endémico que padecen los países pobres. Estaremos de acuerdo en que la mayoría de servicios –sector que está ganando un peso indiscutible conforme la mecanización permite liberar mano de la industria- deben ser prestados en el lugar donde son consumidos. Se conseguiría además un incremento de las remesas enviadas por los trabajadores del sur en el norte a sus familiares –si bien las remesas no son la mejor forma de conseguir un crecimiento económico estable y prolongado en el tiempo-.

Pero, ¿qué diantres hacemos con la Inversión Extranjera Directa (IED) –que serían los desembolsos realizados por los inversores del norte en sur: Telefónica compra Maroc Telecom, por ejemplo- los servicios financieros –BBVA o Santander empiezan a abrir sucursales en Bolivia- o la regulación antimonopolio?¿Debe permitirse todo, absolutamente todo, a los países en desarrollo?¿Por qué no nos vale con liberalizar como zombis los mercados?¿Hacia dónde debemos orientar el crecimiento económico?¿Hay que exportar el modelo consumista de occidente al resto del globo?

Todas estas preguntas tienen, evidentemente, varias respuestas. Nosotros contestaremos a ellas desde la perspectiva que venimos defendiendo y que consideramos en la buena senda. No obstante, como parece que se ha puesto de moda en este blog la tendencia a publicar en varias partes las entradas y para no romper con ella, así como para evitar ser excesivamente cargantes; nos parece oportuno en este punto hacer un breve alto en el camino.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Cabeza contra un miedo irracional.

Coincidiremos casi todos, a excepción de los más extrovertidos, en la tensión, por llamarla de algún modo, que supone compartir con el vecino del sexto los poco menos de treinta segundos en los que el ascensor nos eleva hasta la planta correspondiente. Los dos de pie, en menos de un metro cuadrado, con los rostros cerca -demasiado cerca- y balbuceando ambos sobre un tema tan vital y trascendente como es el tiempo; esperando que discurran los segundos y soñando con el momento en el que las puertas se abran para volver a disponer de un espacio personal.

No obstante, en el caso del ascensor, el suplicio no deja de ser relativamente breve en comparación con otros supuestos. Existen así otra serie de servicios como el de taxi o  peluquería en el que la tortura se prolonga durante algunos minutos más. Si visitas de forma asidua a un mismo peluquero es menos forzado, según cuentan, mantener una conversación algo más fluida acerca del hilo musical, del partido del domingo, de lo cabrón que es el jefe o lo víbora que es la suegra.

Yo pensaba que con el taxista el tema se complicaba enormemente al no existir un vínculo de confianza previo. En mi breve experiencia personal a la hora de utilizar el servicio de taxi –huyo de taxis y autobuses- las situaciones se reducían a dos: O radio o monólogo del taxista con asentimientos esporádicos por mi parte. Sin embargo, hechos recientes en la ciudad de Nueva York, ponen de manifiesto el error en el que me encontraba.

El otro día, un joven estudiante de 21 años tomó el típico taxi neoyorquino amarillo. Imagino, pues no se ha publicado, que en un principio callaría y escucharía o bien la radio o bien el monólogo de su taxista Ahmed Sharif. Aguantó así hasta que, aburrido de permanecer en silencio, decidió tomar la iniciativa y pasar a temas más profundos para saciar su curiosidad. Pasó a interesarse por la religión que profesaba el sujeto al volante, y al ser la respuesta “musulmana” –cosa que no debió agradarle en absoluto- procedió el joven a acribillar a cuchillazos al Señor Sharif, residente en EEUU desde hace 25 años y taxista durante los últimos 15. Las numerosas heridas que causó al taxista le han valido al joven, consecuentemente, una acusación de tentativa de asesinato y crimen de odio.

Como el tema es demasiado serio y ya hemos banalizado en exceso –es verano- en los párrafos precedentes, no seremos grotescos y obviaremos reflexionar acerca de la conveniencia de permanecer callado y reprimir la curiosidad en determinadas situaciones para evitar tener que escuchar respuestas no siempre agradables que te muevan a acuchillar a tu interlocutor y verte envuelto en un poco apetecible proceso judicial.

Por ello pasaremos a centrarnos en el fondo del asunto. La histeria con la que actuó el criminal tiene su origen en la islamofobia que vuelve a sacudir Manhattan estos últimos días, desde que ha saltado a la palestra la futura construcción de un complejo de una comunidad musulmana –que incluye mezquita además de gimnasio, guardería…- en las proximidades de la Zona Cero.

Sin entrar a defender en estas líneas la construcción de un templo religioso -pues creo haber puesto ya de manifiesto, en entradas anteriores, mi total rechazo al poder conferido a las religiones como estructura paralela al Estado- merece una reflexión, y una crítica, la brutal agresión sufrida por un sujeto que se limitó a manifestar su credo.

Las airadas reacciones de los sectores más conservadores de la sociedad neoyorkina en un principio, estadounidense después y finalmente y por extensión, occidental en general, no hacen sino resaltar las contradicciones y la falta de miras en la que bucean estos sujetos al encender los ánimos y levantar pasiones irracionales que nunca llegan a buen puerto.

Parecen olvidar aquellos que mencionan el agravio que supone la construcción de una mezquita en las inmediaciones del lugar que ocupó, hasta el ataque terrorista de Al Qaeda en septiembre de 2001, el WTC que el credo de la mayoría de víctimas provocadas por ataques de la organización era, precisamente, el musulmán.

Asimilar Islam y terrorismo, además de ser un error flagrante, no hace sino aislar a occidente en una burbuja, enfrentarlo a  medio mundo y embarcarlo en una cruzada militar que, en primer lugar, tiene como grandes perdedores a la sociedad civil y, en segundo, contribuye a aumentar de forma totalmente desproporcionada el tan criticado por los conservadores déficit presupuestario.

Debe ser que el déficit es una catástrofe si se utiliza como instrumento para reactivar el sistema económico y paliar el sufrimiento de clases medias y bajas o proveer servicios sociales de calidad pero una auténtica maravilla si el dinero sale de las arcas del Estado a la de los propietarios de la industria armamentística –que a saber quiénes serán y cuál será el signo de su voto-.

Gran parte del déficit estadounidense adolece a las megalómanas campañas militares del presidente republicano Bush que han lastrado enormemente el margen de actuación de la administración Obama para lanzar paquetes de estímulo económico ante la actual situación de crisis o emprender la reforma sanitaria.

Tan sólo con un pequeño porcentaje del gasto militar asumido por EEUU en esta última década, hubiera sobrado para poner en marcha auténticos Programas de Desarrollo que incrementasen el nivel de vida de países pobres, reduciendo las simpatías que levanta la organización terrorista en las áreas más desfavorecidas del planeta y paliando la influencia de una religión que camina paralela a la baja escolarización y sirve de cobijo a la miseria que rodea estos lugares.

La crispación y el populismo benefician a los cuatro de siempre que se aprovechan del miedo de todos. Una sociedad con miedo no es, ciertamente, una sociedad libre. Pero la guerra contra el terror de Bush no se gana a balazos –ni a cuchillazos, que diría el cafre del principio-. La victoria está en nuestras cabezas.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Fiscalidad

En la última entrada, “Preguntas y respuestas” de 1 de Agosto, tratamos de refilón la situación de explotación en la que se vio involucrada la clase trabajadora como consecuencia del desarrollo empresarial provocado tras la primera revolución industrial. Han sido unas recientes declaraciones del vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, las que nos permiten, en cierto modo, rescatar la cuestión que dejamos abierta hace ya dos semanas.

Tuvieron lugar ayer, poco después de que el Ministro de Fomento, José Blanco, se preguntase ante la cada vez más cercana tramitación del Presupuesto General del Estado para el próximo ejercicio, la necesidad de un incremento de la fiscalidad como forma de garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar. Así, González Pons, además de arremeter contra el Ejecutivo debido a que el melón del debate había sido abierto por un Ministro y no por el Presidente del Gobierno, calificó a Rodríguez Zapatero de “chupasangres” ante el previsible e inminente incremento impositivo.

Es tremendamente desalentador que un representante del poder legislativo, como lo es González Pons, ofrezca a los ciudadanos una visión del Estado como algo ajeno a ellos; como un parásito que tiene por objetivo debilitar al ciudadano y aprovecharse de su trabajo. Sin considerar que el Estado es, con todas, el máximo garante de libertad siempre que las Leyes sean justas. El Estado somos, después de muchos avatares históricos, la totalidad de la sociedad civil, el pueblo, como único e indiscutible titular de la soberanía.

¿Indiscutible? Se preguntará una cabeza crítica. Ciertamente la afirmación no es tan rotunda como hemos puesto de manifiesto en el párrafo anterior.

A pesar de que la teoría económica nos presente el mercado como un sistema perfectamente capaz de regularse a sí mismo, lo cierto es que la cantidad de peros y  excepciones que debemos introducir en una concepción puramente ortodoxa de la economía, demuestran sin lugar a dudas la necesidad de intervención del Estado en el sistema económico en puntos clave como la educación, la sanidad, pensiones, dependencia e, inclusive, infraestructuras.

Evidentemente, para que el Estado sea capaz de proveer a los ciudadanos que lo conforman la totalidad de los servicios mencionados, es imprescindible que este asuma una serie de gastos de cuantía más que considerable.

Para alcanzar esa suma existen dos caminos diferentes. Durante los últimos años, esa necesidad de financiación por parte del Estado, ha sido satisfecha recurriendo a “préstamos” a las grandes fortunas -mientras que los impuestos, bajo la ideología liberal, se reducían progresivamente-  convirtiéndose sus titulares en auténticos acreedores de los Estados, y por ende, al situarse un escalón por encima que el resto de la sociedad civil, en verdaderos depositarios del poder soberano –de ahí el interrogante que nos abríamos un poco más arriba-

Sin embargo, el carácter tremendamente injusto e insostenible de esta situación, que ha sido puesto de manifiesto con la crisis actual –el circulo vicioso sería el siguiente: a mayor préstamo, mayor endeudamiento, mayor riesgo, mayor tipo de interés, mayor préstamo…- hace necesario, para mantener el denominado Estado del bienestar, apostar por el otro camino posible a la hora de lograr ingresos: la fiscalidad.

Volviendo al principio, a la explotación de la clase trabajadora, debemos poner de manifiesto en este punto que una de las principales críticas que realiza el marxismo al keynesianismo –o heterodoxia- sería, precisamente, que el segundo cae en la ilusión de considerar que la ciudadanía decide libremente los cursos económicos a través del voto.

Sin entrar en un debate más profundo acerca de la ideología marxista, keynesiana y liberal; es obvio, como venimos viendo, que desde el momento que para garantizar los pilares básicos del Estado del bienestar se recurre al endeudamiento; a ese ente abstracto denominado “mercado” se le confiere una posición de poder absoluta.

Sin embargo, y ante los decepcionantes antecedentes históricos a los que ha llevado la aplicación del marxismo, la fiscalidad permite tanto la recuperación de la soberanía como la redistribución de la riqueza a través de sistemas progresivos en los que la contribución al fisco dependa de los ingresos obtenidos. Lo que unido a unos servicios públicos de calidad y a la igualdad de oportunidades a través del sistema educativo, terminarán por paliar, si bien no de un modo absoluto, la explotación y posición de retraso en el punto de partida de la clase obrera de la que hablábamos en la entrada anterior.

Por ello es decepcionante la postura de González Pons; que se limita populistamente a mostrarse contrario a la subida sin mencionar sus consecuencias: Abandono, ante la insostenibilidad del endeudamiento (ya no es posible bajar impuestos y seguir pidiendo préstamos), del modelo europeo de Estado del bienestar –la presión fiscal en los países nórdicos es del 50% frente al 30% español- e incremento de las desigualdades sociales al quedar excluidos de los servicios básicos, al quedar estos relegados a la voluntad de los mercados, a aquellos ciudadanos con rentas más bajas.

Concluir diciendo que, si bien es cierto que desde estas líneas nos hemos mostrados favorables a la fiscalidad; no quiere ello decir que desde aquí vayamos a apoyar a ojos cerrados la propuesta del Ejecutivo en relación con este tema. Y ello es así porque, desde nuestra perspectiva, existen una serie de medidas, que esperemos no pasen por alto, en las que se debe hacer hincapié antes de incrementar la presión fiscal: una regulación seria de las SICAV´s y atajar de una vez por todas el lastre para toda la ciudadanía que supone la economía sumergida.

El 30 de septiembre, como tarde, la respuesta.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

Preguntas y respuestas.

Cierto es que los hechos que dan pie a esta entrada tuvieron lugar a principios de la semana pasada; pero estos últimos días no me ha sido posible sacar la hora larga que requiere un nuevo post. Entrando en harina, viene a cuento esto por unas declaraciones del Jefe de Estado francés, Nicolás Sarkozy, tras la operación fallida de rescate de un nacional francés secuestrado en la región del Sehel por AQMI.

La operación de rescate fue llevada a cabo en el Estado de Malí por tropas mauritanas, apoyadas por el servicio de inteligencia francés, ante el grave riesgo en el que se encontraba la vida del secuestrado; un varón de más de setenta años de edad que trabajaba para una ONG en Niger y que llevaba varios meses –los del secuestro- sin disponer del medicamento que necesitaba para mantenerse con vida.

El caso es que la información de la que disponían los servicios de inteligencia era errónea, y el ataque se realizó a otra de las muchas células de AQMI que revolotean por el norte de Malí, causándole, no obstante, algunas bajas. Ante el agravio, el argelino líder de la ramificación de la organización terrorista en el norte de África, ordenó la ejecución del rehén francés, que tuvo lugar a principios de la semana pasada. Momento en el que Sarkozy, desde el Eliseo, hizo sonar los tambores de guerra.

Antes de entrar en estado de trance al son de los tambores, alentado por una opinión pública –un electorado en definitiva- en estado de shock, que conduzca a una nueva intervención militar, sería exigible que el Jefe de Estado se plantease una serie de preguntas. En primer lugar, cuál es la razón de la situación de inestabilidad en el Sehel.

La fuerza que tiene la organización terrorista desde Mauritania a Somalia tiene su origen en la profunda pobreza en la que viven los habitantes de la región. El escaso desarrollo económico desemboca en la debilidad estatal y la desestructuración de la población que propician las simpatías de los ciudadanos, de forma justificada, a esta clase de agrupaciones, frente a un occidente que lleva años prometiendo ayuda y cooperación pero que se muestra incapaz de poner en práctica sus benévolos propósitos.

Una vez planteados los motivos, los interrogantes que debería abrirse Sarkozy giran en torno a los individuos que en mayor medida sufren una intervención militar y a si la misma lograría erradicar de forma definitiva el conflicto.

Tal y como han demostrado los informes del Pentágono acerca de Afganistán desvelados recientemente por Wikileaks, el gran perjudicado de cualquier intervención armada no es otro que la población civil. Sobre todo en guerras asimétricas en las que el enfrentamiento no tiene lugar entre Estados sino entre un Estado o grupo de Estados y una organización no estatal en la que, para la segunda, la victoria pasa por resistir y prolongar el conflicto el mayor periodo de tiempo posible.

Por ello, ante la pregunta de la erradicación definitiva del conflicto, la respuesta vuelve a ser negativa. La sociedad civil continuaría desestructurada, el odio y reticencias a occidente se incrementarían considerablemente –y con razón- y las condiciones para la consolidación de grupos armados que atemoricen y pongan en peligro la libertad de autóctonos y extranjeros se elevarían a la enésima potencia al continuar siendo inexistente un mayor desarrollo económico que haga posible mejorar las condiciones de vida de unos seres humanos que viven sin mayor esperanza que su propia supervivencia.

¿Y qué hacer cuando la intervención militar no es que se repute como insuficiente sino que logra, exactamente, los objetivos contrarios a los perseguidos?

La actual situación de crispación es reflejo de la incompetencia y arrogancia de la política económica de occidente en materia de cooperación y desarrollo. Cierto es que en términos relativos la UE es el máximo donante en estas cuestiones. Pero no puede pasarnos por alto que en términos absolutos la ayuda es insignificante e insuficiente para lograr, como explica el economista Jeffrey Sachs en “El fin de la pobreza”, que estos Estados se enganchen a la escalera del desarrollo que les permita ir alcanzando, de poco en poco, unas mayores cotas de bienestar. La ausencia de una auténtica condonación de la deuda y el incumplimiento de la entrega del 0,7% del PIB a cooperación así lo ponen de manifiesto. Ayuda económica y colaboración institucional serían por tanto la respuesta a este último interrogante.

Por último puede aparecer algún terco que encuentre en  la superioridad de la raza blanca o los valores de la religión cristiana la razón de la primacía de occidente, sirviéndole como excusa ello para denegar cualquier tipo de ayuda al continente negro bajo el prisma equivocado de ver en nuestro actual ritmo de vida el resultado y las consecuencias de dicha superioridad.

Baste señalar brevemente que el gran corte, las grandes diferencias, comienzan a gestarse hace solamente dos siglos –hasta ese momento los niveles de renta per cápita y las condiciones de vida de la mayoría de los mortales fueron lamentables en la totalidad del globo-. Esto nos lleva a una última cuestión: ¿Por qué el desarrollo fue en occidente y cual es la razón de la mayor distancia que cada vez separa al tercer y al primer mundo?

Fue a finales del XVII y a lo largo del XVIII cuando se dan en occidente unas condiciones específicas que favorecen el crecimiento. A las buenas condiciones climatológicas –el regular régimen de lluvias favorece a la agricultura permitiendo liberar mano de obra que se dirija a la industria- y geográficas –casi todos Estados cuentan con salida al mar y, por tanto, están abiertos al comercio, llanuras fértiles para la producción agrícola…- se le unen una serie de reformas institucionales derivadas de las revoluciones norteamericana y francesa de la mano de la burguesía liberal que fomentarán la iniciativa empresarial –y que ciertamente darán lugar a la explotación de una clase trabajadora que puede y debe ser corregida. Cuestión que, no obstante, parece preferible sea tratada en una próxima entrada debido a su extensión-.

La mayoría de África no contaba, y sigue sin contar, con salida al mar. No cuenta con infraestructuras que le comuniquen con el resto del mundo –carreteras, ferrocarriles…- ni con condiciones favorables a la agricultura –ni naturales ni inducidas a través del regadío-; desarrollándose en estas aldeas una economía de subsistencia  en las que todo el esfuerzo se centra en la producción agrícola. Sin medicamentos que curen enfermedades o palien el dolor, sin electricidad que permita una cocción adecuada de los alimentos o permita la lectura y el estudio una vez se pone el sol, sin sistemas de potabilización de agua… Sin medios, en fin, que permitan un desarrollo adecuado de la dignidad del ser humano.

Pero esto no es todo. Además de que el continente africano comenzó la carrera del desarrollo lastrado al partir unos cuantos metros por detrás, éste ha sido sistemáticamente expoliado por potencias occidentales durante la etapa colonial –tal y como denuncia el propio Smith, máximo exponente liberal, en su “La riqueza de las naciones”- y posteriormente bajo un neocolonialismo encubierto en el que el norte ha sostenido en el poder a regimenes dictatoriales que favoreciesen los intereses económicos de sus grandes compañías.

Por ello la ayuda es innegable. El retraso se debe tanto a una condición puramente aleatoria –geográfica o ambiental- como a nuestro propio comportamiento. Antes de entrar a saco en una nueva región del planeta –teniendo en cuenta el lamentable precedente de Afganistán-, sería conveniente pararse a pensar un momento en estas preguntas. Y en sus respuestas.

P. Guerrero (badenpermanente@gmx.es)

“¿Es aquí lo de las señoritas?” (J.L. Torrente

Si adoptamos una postura realista debemos considerar, guste o no, la necesidad de la existencia de un órgano estatal que vele por el cumplimiento de la normativa vigente, por la observancia de unas leyes aprobadas democráticamente como resultado de la expresión de la voluntad popular. Sin embargo, la necesidad de su existencia, no es equivalente a la justificación automática de la totalidad de sus actuaciones llevadas a cabo al amparo de un poder conferido por el Estado.

En este sentido es repugnante, y merece una pequeña reflexión, la actuación de la Guardia Urbana de la capital catalana que viene acosando desde hace algún tiempo a prostitutas con gases lacrimógenos para que abandonen su actividad en plena calle. El abuso de autoridad llevado a cabo por la policía barcelonesa –que se muestra reticente a la hora de depurar responsabilidades- es evidente y se asemeja, por otra parte, a un comportamiento muy extendido en nuestra sociedad.

Lejos de cortar la raíz del problema –que pasaría por atacar decididamente las grandes mafias dedicadas al tráfico de seres humanos- se ceba con una víctima engañada, retenida y explotada.

Más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en contra de su voluntad, sin posibilidad de salida de un mundo que no eligieron. Un mundo que les fue impuesto tras la usurpación de su pasaporte, sin posible retorno a su hogar. Un mundo en el que son sometidas a continuas vejaciones y atentados contra su dignidad. Un mundo, en fin, que debería sacar los colores a todos clientes que consumen sexo como quien compra una barra de pan.

El compromiso moral del mundo desarrollado es lamentable. Nos encanta irnos de putas y a la vez se nos llena la boca como máximos exponentes del respeto a los Derechos Humanos. ¿Qué podemos esperar de una sociedad en las que ciertas empresas siguen recompensando a sus empleados por los objetivos alcanzados con noches salvajes en clubes de alterne?¿Qué cabe esperar, insisto, de una prensa que dedica –a excepción de Público- más de dos hojas del diario a anuncios de “contactos” alegando su indiscutible rentabilidad?

La necesaria y reciente propuesta parlamentaria a favor de la prohibición de este tipo de anuncios –ante el imposible autocontrol de los medios- ha desatado ya la ira del diario El Mundo que criticó hace pocos días con dureza la idea considerando que izquierda y libertad son incompatibles desde toda perspectiva.

Esgrimen que la medida supone una limitación a derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de expresión y de empresa. Si así fuera, debemos considerar que, en todo caso, en el momento de entrar en conflicto varios derechos, es necesaria una correcta ponderación de todos ellos que nos permita dilucidar cuál de ellos prevalece y cuál debe ceder a favor del otro. En este caso, frente a los dos citados, se oponen la dignidad de la persona y la libertad individual.

De todos modos parece mentira que siga habiendo orangutanes que antepongan y valoren en mayor medida sus mezquinos intereses económicos –amparándose de forma enrevesada en derechos constitucionales- en detrimento de ciertos valores que deben inspirar indiscutiblemente y en cualquier circustancia la totalidad de nuestro Ordenamiento.

P. Guerrero (badenperamente@gmx.es)